La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) impulsa una iniciativa para establecer que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar en los casos de desaparición de personas menores de edad, donde se active la Alerta Amber, dando difusión a la información correspondiente por medio de mensajes de texto o vía WhatsApp en tiempo real.

La propuesta para adicionar el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, señala que si se atribuye como una obligación a los medios de radiodifusión el difundir la Alerta, esta tendría un alcance mayor.

Refiere que en México hay aproximadamente 91 millones de usuarios de telefonía celular, lo cual incrementa la posibilidad de localización de las niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido una desaparición forzada.

Por ello, propone que los concesionarios que presten servicios de telefonía celular difundan obligatoriamente la Alerta Amber, herramienta que contribuye a la pronta localización de niñas, niños y adolescentes, y así potencializar su cobertura y contribuir a garantizar el derecho a la vida e integridad de la niñez mexicana.

Destaca que continúan sin armonizarse ni simplificarse los procedimientos de la Alerta Amber, lo cual es indispensable para permitir su activación oportuna y eficiente, así como para asegurar la mayor difusión posible; por ejemplo, haciendo llegar a cada teléfono móvil la notificación de alguna desaparición con el propósito de que la sociedad también contribuya a la rápida localización de las personas.

Precisa que las desapariciones de personas pueden estar vinculadas con delitos como el secuestro, la trata de personas, el homicidio, el feminicidio, la adopción ilegal y/o el reclutamiento por parte de grupos de delincuencia organizada. En el caso de las niñas y adolescentes, su desaparición puede relacionarse con huir de contextos de violencia familiar y violencia de género.

En México, expone, existe una alta prevalencia de desapariciones de niñas y mujeres adolescentes. Tan solo entre el primero de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2021, se reportó que de las 14 mil 812 personas menores de 18 años desaparecidas y no localizadas, 66 por ciento fueron mujeres; de ellas, 80 por ciento se localizó con vida, mil 469 niñas y adolescentes seguían desaparecidas y 491 no habían sido localizadas.

Indica que delitos como el robo, secuestro o sustracción de menores, están relacionados en la mayoría de los casos con abuso sexual infantil, homicidios, explotación sexual, pornografía infantil, explotación laboral, tráfico de órganos o adopción ilegal.

“Sea cual sea el motivo por el que los menores de edad son privados de su libertad, implica un riesgo para su vida y su integridad física y psicológica, y es obligación del Estado mexicano evitar la comisión de cualquier transgresión en contra de la niñez y la juventud”, añade.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión, también la suscriben diversas diputadas del PRI, PAN, Morena, PT, PVEM y PRD.