Para complementar la reforma que despenaliza en su totalidad el aborto en la Ciudad de México, diputados proyectan modificar la Ley de Salud para que, sólo en caso de una situación de riesgo que provoque una alteración grave a la salud de la mujer, instituciones públicas realicen la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación.

Si bien la iniciativa mantiene las primeras 12 semanas para realizar un aborto, propone que instituciones de salud públicas realicen el procedimiento fuera de dicho periodo en caso de situaciones de riesgo, cuando existan anomalías fetales incompatibles con la vida y conforme a lo establecido en una norma mexicana de 2005 para la atención médica de personas que sufren violencia sexual.

En todos los casos, las autoridades deberán informar con claridad y oportunidad a la mujer sobre las características del procedimiento y sus implicaciones, refiere la propuesta de reforma presentada en octubre pasado por la diputada Cecilia Vadillo y que ya se analiza en la Comisión de Salud.

En entrevista, la diputada Yuriri Ayala criticó que los panistas tienen una visión misógina del tema al asegurar que con esta reforma se realizarán abortos hasta el noveno mes de embarazo, sin considerar que la mujer tiene la capacidad de razonar y de sentir; “si nosotras decidimos continuar después de las 12 semanas es porque de verdad deseamos nuestra maternidad, y si se toma la decisión después de este tiempo, sin duda es por estar en riesgo la vida de la madre.

Como está el Código Penal actual, si las mujeres interrumpen su embarazo después de las 12 semanas, entonces son llevadas a un proceso judicial, se revictimiza a las madres y personas gestantes; de por sí no es una decisión sencilla y médicamente debe tener un respaldo.

Ayala explicó que una vez que se apruebe la reforma al Código Penal se dictaminará la propuesta de su compañera de partido para dejar de criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y garantizar el acceso a servicios de salud dignos y gratuitos.

La iniciativa de Vadillo hace referencia a datos de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que indican que sólo entre 10 y 15 por ciento de los abortos son realizados después de las 12 semanas de gestación, y quienes optan por interrumpir su embarazo en periodos avanzados suelen ser adolescentes y niñas en condiciones de marginación, con obstáculos económicos o logísticos para acceder a atención o que han vivido violencia sexual, lo que a menudo conlleva una detección tardía del embarazo.

Por su parte, la diputada del PAN América Rangel presentó una iniciativa al pleno para crear la ley de los derechos de la persona no nacida, para reconocer jurídicamente al ser humano desde su existencia como feto o embrión.