De Política Alejandro Álvarez Manilla

Cada Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles en México para exigir justicia frente a la violencia de género, los feminicidios y la desigualdad que persiste en distintos ámbitos de la sociedad. Las marchas del 8M se han convertido en una de las expresiones sociales más visibles del país, pero también en un espacio donde surge un debate recurrente: ¿qué ocurre cuando la protesta incluye actos de violencia, destrozos o confrontaciones?

El fondo del movimiento es innegable. México enfrenta un problema grave de violencia contra las mujeres. Cada año se registran miles de casos de agresiones, desapariciones y feminicidios que dejan familias rotas y una profunda sensación de impunidad. Ante esa realidad, la indignación acumulada se transforma en protesta. Para muchas mujeres, marchar no es solo un acto simbólico, sino una forma de reclamar atención a un problema que durante años fue ignorado o minimizado.

Sin embargo, dentro de esas manifestaciones también aparecen escenas que generan controversia: pintas en monumentos, daños a edificios públicos o privados, enfrentamientos con policías y, en algunos casos, agresiones a periodistas o transeúntes. Estas imágenes suelen dominar la conversación pública después de las marchas, desplazando el foco del debate hacia los daños materiales y alejándolo de la causa que motivó la movilización.

Para algunos sectores de la sociedad, estos actos representan una forma de violencia que contradice el objetivo de exigir una vida libre de agresiones. Argumentan que el daño al patrimonio o a terceros debilita la legitimidad del movimiento y provoca que parte de la opinión pública se concentre en condenar los destrozos, en lugar de reflexionar sobre la problemática de fondo.

Pero para otras voces dentro del propio movimiento feminista, estas acciones se interpretan como una expresión de rabia ante décadas de injusticia. Desde esa perspectiva, los daños materiales son vistos como una forma de protesta que busca sacudir la indiferencia social y obligar a las autoridades a reconocer la magnitud de la crisis de violencia contra las mujeres.

El dilema no es sencillo. En una democracia, la protesta social es un derecho fundamental y ha sido históricamente una herramienta para impulsar cambios. Al mismo tiempo, la convivencia social exige límites que eviten que la violencia se normalice como forma de expresión política.

En el caso de México, la discusión no debería centrarse únicamente en si las marchas incluyen o no actos de vandalismo. La pregunta de fondo es por qué miles de mujeres sienten que deben salir a las calles cada año para exigir seguridad y justicia. Mientras los feminicidios, la impunidad y la violencia de género sigan presentes, las manifestaciones continuarán siendo una válvula de presión social.

El desafío para el país es doble. Por un lado, garantizar el derecho a la protesta y escuchar las demandas de quienes marchan. Por otro, construir condiciones para que esa protesta no derive en confrontaciones o actos destructivos que polaricen aún más a la sociedad.

Al final, el 8M debería ser un momento para reflexionar sobre la deuda histórica que México tiene con las mujeres. Si las instituciones lograran responder con eficacia a la violencia y garantizar justicia para las víctimas, quizás algún día las marchas dejarían de ser un grito de desesperación y se convertirían en una verdadera celebración de igualdad.